Manuel Lagares, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, presentó ayer las 125 propuestas del texto, que se traducen en 270 modificaciones impositivas, en lo que significaría, de llevarse a cabo en su integridad por el Gobierno, el mayor cambio llevado a cabo en el sistema tributario en nuestro país desde la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, en enero de 1986.
Los expertos proponen una bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de las cotizaciones sociales, a cambio primero de gravar al 21% de IVA la mayor parte de los productos que ahora tributan al 10% y después de elevar el tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido, y subir la práctica totalidad de los impuestos especiales, que gravan el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos.
¿Se puede traducir en cifras el efecto de esta reforma? «Hay cifras. Hemos trabajado con simulaciones y estimaciones, pero no podemos desvelarlas, porque existe un compromiso de confidencialidad». La primera parte de la reforma debería entrar en vigor en 2015; la segunda fase, a partir de 2017. La propuesta de transformación podría contribuir al crecimiento de la economía española en aproximadamente medio punto porcentual el año próximo, y hasta un 1% en 2017.
La primera reacción del Gobierno al informe llegó por parte de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que al término del Consejo de Ministros dejó claro que se trataba de una propuesta y del análisis que sobre el sistema fiscal hacen unos expertos y que el Gobierno elaborará la reforma que considere conveniente, atendiendo algunas de las recomendaciones de los «sabios» y rechazando otras.
El Gobierno tiene previsto dedicar al análisis las sugerencias del informe de los expertos los meses de marzo, abril y mayo, para después elaborar su propia propuesta de reforma y enviarla al Congreso de los Diputados en junio. La vicepresidenta aseguró que la reforma fiscal que propondrá el Gobierno será de «calado, integral y completa. Va más allá de tocar o no ciertas figuras tributarias».
Rebaja
En una aproximación, Lagares dijo que la rebaja propuesta para el IRPF –reducir el tipo mínimo al 20% y el máximo al por debajo del 50%– tendría unos efectos económicos superiores a los derivados de la implantación del gravamen complementario el 30 de diciembre de 2011. En aquel momento, el Gobierno estimó el incremento de recaudación para el año 2012 en 5.357 millones de euros.
En su primer Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó la creación de un gravamen complementario del IRPF que iba desde el 0,75% para las rentas más bajas hasta el 7% adicional para aquellos contribuyentes que declararan ganar más de 300.000 euros. Si el Gobierno acepta las recomendaciones, el Estado dejará de ingresar al menos 6.000 millones. Lagares piensa que «tipos por encima del 50% resultarían confiscatorios. El Estado no puede llevarse de un trabajador más de lo que él que se queda».
Además de reducir los tipos mínimo y máximo y reducir a cuatro los tramos (20%, 30%, 40% y 50% gravamen), proponen que la vivienda habitual cotice como renta, porque son bienes de capital, proteger el ahorro de los trabajadores a largo plazo, mantener la deducción de la adquisición por vivienda para quienes gocen de ese privilegio, subir los mínimos exentos de tributación en el impuesto y mejorar el tratamiento de familias y discapacitados.
Para los expertos, no se debería exigir IRPF para los ingresos de los mileuristas, es decir, para rentas inferiores a 14.000 euros, lo que no significa que no tengan la obligación de declarar aunque haya que devolver dinero. Es una forma de no aumentar el fraude fiscal.
Seguir a Europa
En el impuesto sobre Sociedades, el más afectado por la crisis económica que se originó en 2008, el informe propone acercar el tipo general al 25% (las grandes empresas tributan al 30% teóricamente), el vigente para las pymes. Recomiendan que no haya distinciones por el tamaño de las sociedades. A cambio de esta bajada, igual que en el caso del IRPF, los expertos proponen la desaparición de la práctica totalidad de las bonificaciones y deducciones.
El informe está inspirado en las prácticas fiscales de los países más desarrollados de Europa, que ponen el peso de la recaudación en los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) y no en los directos, aquellos que gravan el trabajo y a las empresas, con el fin de afectar lo mínimo posible a la marcha de la economía.
Para ello, ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. El mandato del Gobierno era simplificar el sistema tributario en su conjunto, orientarlo hacia el crecimiento económico y el impulso del ahorro y a proteger a las familias. Para Lagares, el sistema fiscal español «está lleno de agujeros».
La segunda fase de la reforma, a partir de 2017, contemplaría una bajada de las cotizaciones sociales para las empresas hacia el 20% a cambio de subir el tipo general del IVA en dos puntos.
Los denominados impuestos menores (patrimonio, sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados...) desaparecerían o reducirían su escasísimo protagonismo recaudatorio.
10 impuestos punto por punto
- IRPF. El número de tramos de la renta se reduce a 4 con tipo del 20%, 30%, 40% y 50%, respectivamente. Subirá el mínimo exento y no pagarían los mileuristas.
- SOCIEDADES. Bajada del tipo al 25% y luego al 20% desde el 30%. Sería igual para grandes empresas y pymes. Limitación de gastos financieros deducible.
- IVA. Mantener los tipos, pero poner la mayoría de productos que tienen el 10% al 21%, salvo para el sector turístico. En una segunda base pasar del 21% al 23%.
- PATRIMONIO. Desaparición definitiva del impuesto. En Sucesiones, unificar tipos en toda España entre el 4 y el 7%, según el grado de parentesco.
- TABACO. Revisar el impuesto específico y el impuesto mínimo siempre y cuando el precio del tabaco suba. Si no, mantener la fiscalidad actual.
- ALCOHOL. Aumentar de forma progresiva la tributación en las bebidas de alta graduación hasta equipararla a la media europea.
- VINO. Los expertos plantean al Gobierno la posibilidad de establecer un impuesto muy reducido (hoy es considerado alimento) al estilo de Francia.
- GASOLINAS. Igualar los tipos de la gasolina y el gasóleo en un periodo adecuado. Que los consumidores paguen en lugar de por litro (45 céntimos) por contaminación.
- AUTONÓMICOS. Reformar la capacidad respecto a algunos impuestos de forma que el tipo máximo no supere al estatal. Los nuevos impuestos tendrían que aprobarse por el Consejo de Política Financiera y Fiscal.
- COTIZACIONES. El informe lo considera un impuesto sobre el salario y propone un tipo del 20%, siguiendo los criterios del IRPF. La bajada se llevaría a cabo nunca antes de 2017.
Reacciones encontradas a la propuesta
La propuesta de reforma fiscal de los expertos se encontró ayer con el rechazo de la patronal, sindicatos y organizaciones empresariales. Tan sólo los hosteleros se mostraron de acuerdo con la iniciativa de mantener el IVA turístico como está, en lugar de subirlo al tipo general. Para la CEOE, es más oportuno revisar las deducciones por el impuesto de sociedades modificando aquellos aspectos que sea necesario reformar en vez de eliminarlas con carácter general, y se mostró contraria a eliminar exenciones en el IVA sin un estudio previo. Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertaron de que el informe del comité de expertos contiene «tachas de inconstitucionalidad» en sus propuestas sobre la progresividad, que favorece a las rentas más altas. Los sindicatos y la izquierda calificaron la reforma de «injusta».